El gobierno regional (PSOE-PAR) abre la puerta al urbanismo depredador, especulativo y salvaje con las leyes de ordenación del territorio y urbanismo aprobadas recientemente haciendo uso de su mayoría absoluta. Con ellas se legalizan proyectos como los de Gran Scala y Expofloralia, se facilita la marbellización de la montaña y permite al Gobierno de Aragón los desarrollos urbanísticos que consideren oportunos.
Estas dos leyes eran la única herramienta para evitar seguir con la economía del ladrillo (causante máxima de esta crisis), prohibir convenios urbanísticos y recalificaciones a la carta e impedir que partes de nuestro territorio acaben al servicio de aventureros y especuladores.